Periodismo a tribunales; así decide la Corte en demandas por daño moral

En los últimos 10 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha preferido garantizar la libertad de expresión que proteger la imagen de un funcionario. Sin embargo, las decisiones del máximo órgano judicial mexicano no han impedido que se sigan demandando periodistas por daño moral, ¿para qué sirve entonces la jurisprudencia? En entrevista, el titular de Educación Continua en el Instituto de la Judicatura Federal (IJF), Carlos De la Rosa Xochitiotzi, habla sobre los conceptos clave para entender las sentencias y sus implicaciones.

Texto: Marcial Yangali, Ilustraciones: Rosa Lizbeth Lozano

El hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo es solo uno de los riesgos que enfrentan los y las periodistas en México. Y aunque este tipo de agresiones no atenta directamente contra la integridad física de estas personas, desde 2010 las relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido su potencial para silenciar.

De 2009 a 2020, la SCJN resolvió 28 casos que abordan sustancialmente el derecho de libertad de expresión en el ejercicio periodístico. Con el objetivo de socializar estas sentencias y los criterios que motivaron las decisiones, el Centro de Estudios Constitucionales de la Corte acaba de publicar los Cuadernos de Jurisprudencia.

Uno de los autores, Carlos De la Rosa, comenta en entrevista a Ecos Resilientes que esta “divulgación de conocimiento jurídico tiene el objetivo de empoderar y darle herramientas a periodistas, a defensores de periodistas, a los ciudadanos y las ciudadanas en general, para poder exigir sus derechos con mayor precisión”.

Explica que si una persona desea saber cuáles son sus derechos no es suficiente consultar la Constitución Política sino que es necesario conocer las decisiones que ha realizado la Corte al respecto y de esta forma tener expectativas claras en caso de acudir a tribunales. El alcance de los derechos, señala, es definido vía decisiones judiciales, donde éstos interactúan con otros valores, principios y prioridades.

ILUSTRACIÓN: R. LIZBETH SOLANO

Periodismo vs el honor y la privacidad

De la Rosa —también candidato a doctor en derecho por la Universidad de Yale— recuerda que el “sistema dual de protección” es un estándar que surge originalmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se ocupa “cuando hay un conflicto entre el ejercicio de la libertad de expresión y los derechos de la personalidad, entendidos como el derecho al honor, a la privacidad, entre otros”.

Se trata de un sistema dual porque hay dos tipos de protección dependiendo del tipo de persona que tenga sobre la mesa sus derechos de la personalidad. Si están asociados a una persona privada, los alcances de protección para sus derechos son más amplios y el ejercicio de la libertad de expresión es más acotado. Pero si se trata de una persona de relevancia pública, la relación se invierte y el ejercicio periodístico tiene un mayor margen de acción.

“Si bien este sistema se estableció antes de la Décima Época (en el amparo directo en revisión 2044/2008), la Corte ha reiterado su vigencia en múltiples ocasiones, durante los últimos diez años. Este sistema implica el despliegue de una mayor protección sobre el ejercicio de la libertad de expresión en casos en los que el discurso constituya un tema de interés público”, se lee en el Cuaderno de Jurisprudencia.

ILUSTRACIÓN: R. LIZBETH SOLANO

¿Quiénes son “personas públicas”?

Tradicionalmente la concepción de “persona pública” se asocia a quienes desempeñan labores públicas. En otras palabras, aquellas que participan en el gobierno, tal como un presidente, una legisladora, una gobernadora u otro personaje con vida política.

La Corte ha decidido que el concepto de persona pública es mucho mayor y que alcanza, por ejemplo, a personas privadas con proyección pública. Puede ser que participen de un evento de interés público o que estén asociadas de forma directa o indirecta con alguna actividad o persona que sea de relevancia pública. [También] porque por las labores que desempeña, o simplemente porque lo han buscado así en su vida, ha ganado cierta notoriedad pública.

– CARLOS DE LA ROSA

En este sentido, Carlos De la Rosa expresa que tanto los y las periodistas, como los medios de comunicación también se consideran personas públicas. “Es una concepción amplia que me parece que está anclada a una concepción también robusta del ámbito público”. 

Desde su perspectiva, la lógica de la Corte para ampliar estos términos está ligada a un mayor beneficio para la ciudadanía, de tal manera que pueda estar mejor informada y pueda participar en los asuntos públicos.

ILUSTRACIÓN: R. LIZBETH SOLANO

¿El fin del hostigamiento legal?

En el amparo directo 8/2012 la Corte manifestó que “en las sociedades democráticas es más tolerable el riesgo derivado de los eventuales daños generados por la expresión y la información que el riesgo de una restricción general de las libertades correspondientes”.

Se trataba de un caso sobre varios periodistas que fueron demandados por daño moral tras haber publicado notas donde calificaron como “mafia” a un grupo de personas que laboraban en una empresa prestataria de servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex) y que presuntamente lograban contratos mediante tráfico de influencias y corrupción.

La Corte determinó que los demandantes eran personas privadas con proyección pública, toda vez que sus actividades profesionales “resultan de interés general en tanto se refieren a su rol como empresas prestatarias de servicios a Pemex” y tenían trascendencia colectiva.

Además, como los periodistas demandados basaron sus conclusiones en la información que apareció publicada en los portales de Pemex y de la Secretaría de la Función Pública, la Corte también declaró que no era aplicable el estándar de “real malicia”, usada para imponer sanciones cuando se difunde intencionalmente información falsa o con la intención de dañar.

ILUSTRACIÓN: R. LIZBETH SOLANO

A primera vista, este precedente podría servir de ejemplo y revertir el acoso judicial que sufren otros periodistas por afectar la imagen de algún funcionario u otra persona pública, ¿por qué no pasa esto?

De la Rosa considera que para responder a esta pregunta es importante aclarar primero cómo funciona la jurisprudencia en México. Hasta hace poco, cuenta, para que una decisión de la Corte fuera un criterio obligatorio para todos los tribunales en el país debía ser reiterada en cinco ocasiones. Esto último quiere decir que tenían que llegar cinco asuntos similares y la Corte tenía que decidir sobre ellos en un mismo sentido.

El problema de fondo era que este proceso implicaba muchos años de litigio y las decisiones previas que existían orientaban las decisiones judiciales, a la vez que podían haber algunos asuntos en los cuales el tribunal o el juzgado decidiera de forma inconsistente con la forma en la que lo había hecho la Corte. 

Asimismo, el autor menciona que tampoco se les puede negar a rajatabla el acceso a la justicia a los políticos y otros personajes públicos y “se les tiene que dar la oportunidad para que ellos planteen sus pretensiones en una demanda y, por un tema de derechos, es un juez quien tiene que conocer esa demanda”.

Por otra parte, aunque la Corte ha sido clara al señalar que no puede haber condena de daño moral, a menos que exista “real malicia”, el titular de Educación Continua en el IJF advierte que este es un concepto que da lugar a cierto grado de subjetividad. “Puede ser que a criterio del juez que conoció del asunto sí hubo real malicia y condene al periodista”, ejemplifica.

Carlos de la Rosa entiende que, si bien, esto no es el fin de la historia y existen otras instancias a las cuales puede acudir el o la periodista para combatir esa decisión, “todo esto es muy problemático en términos de acceso a la justicia porque al final, implica costos, implica desgaste, implica muchas otras cosas que están mal con el sistema de justicia en general y deberían arreglarse”.

Con todo, hay algunos cambios esperanzadores. “Con la reforma judicial de estos últimos meses cambió la forma en que se establece jurisprudencia por la Corte. Ahora ya no se necesitan esos cinco criterios, ya basta con uno, que es lo que pasa en prácticamente la mayoría de las cortes en el mundo”, comenta.

De esta forma, cada decisión generada por la Corte sobre privilegiar la libertad de expresión frente a la imagen de una figura pública, puede convertirse en una obligación, un criterio vinculante, para cada juez que conozca de un asunto similar.

ILUSTRACIÓN: R. LIZBETH SOLANO

Publicado por Marcial Yangali

Periodista

A %d blogueros les gusta esto: