Minería mexicana crece entre sombras; estudio alerta poca transparencia en el sector

La pandemia por Covid-19 no ha limitado el crecimiento del sector minero. La caída en los precios del petróleo hace aún más atractivos los últimos descubrimientos de cobre y litio, minerales indispensables para construir generadores de energía eólica y solar. En este contexto, el autor del Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales en México explica en entrevista los indicadores más preocupantes en temas de transparencia y rendición de cuentas.

Texto: Marcial Yangali, Ilustraciones: R.Lizbeth Solano

Con 1 mil 113 proyectos de exploración (274 en fase productiva), la cartera minera se ha duplicado con creces en México durante la última década. Ya son un total de 4 mil 139 compañías registradas y el Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI por su sigla en inglés) advierte que “a medida que la producción crece y el número de actores va incrementándose, la gobernanza de la minería se vuelve un mayor desafío”.

El último estudio publicado por esta organización sin fines de lucro hace hincapié en los deficientes procesos de transparencia que le impiden a la sociedad mexicana conocer, a detalle, los procesos de licitación y las evaluaciones de impacto ambiental.

El investigador Alonso Hidalgo cuenta a Ecos Resilientes que la pandemia por Covid-19 “ha alterado la economía de nuestros países y [estos] están tratando de apelar a sus potencialidades económicas para poder rescatarla. Pero en ese tránsito también están reduciendo los estándares de transparencia y rendición de cuentas que, al fin y al cabo, aportan a la gobernanza del sector”.

Sobre el caso particular de México, el autor del Índice comenta: “el sector minero ha sido un sector robusto que no ha dejado de crecer ni siquiera en el último año de pandemia. Tenemos grandes descubrimientos importantes, por ejemplo el litio o el cobre, que siguen expandiendo la frontera extractiva, específicamente en los pocos estados que concentran las actividades en el país como Sonora o Zacatecas”.

Precisamente el litio y el cobre son minerales que se utilizan en la infraestructura que permite generar energía eólica y solar, alternativas que, de acuerdo con Alonso Hidalgo, se han hecho muy atractivas por “el impacto del covid-19 sobre los precios del petróleo”.

El investigador lamenta el “debilitamiento de los órganos reguladores” y, sobre el caso específico de México, muestra su preocupación por “la degradación de categoría” que transformó la Subsecretaría de Minería en una dirección en la Secretaría de Economía.

ILUSTRACIÓN: R. LIZBETH SOLANO

Hermetismo en las licitaciones

Con una calificación “deficiente” de 38 puntos sobre 100, el Índice alerta sobre el “proceso de otorgamiento de licencias”. El estudio explica que aun cuando el gobierno publica información sobre los depósitos mineros, “no hay datos públicos sobre la cantidad de mineral recuperable encontrado por las empresas privadas”.

Alonso Hidalgo apunta que, a diferencia del sector de hidrocarburos, la divulgación de reservas recuperables en el sector minero se limita únicamente a las reservas probables. “Esto es preocupante porque esto significa que una enorme cantidad de información sobre el sector, y sobre la potencialidad del sector, sigue en manos de las empresas privadas que hacen la exploración. Y la capacidad que tiene el Estado de hacer exploración sigue siendo bastante reducida”, asegura.

También se han encontrado debilidades en lo que se refiere a la implementación de medidas de pre-licenciamiento en México. El autor del Índice identifica una práctica recurrente: “el primero que llega y paga por el derecho de la concesión es el que la obtiene”. Pero aún cuando sí existen procesos de licitación, la información que tiene la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Minas, sólo es disponible bajo una “barrera de paga” para quienes estén dispuestos a concursar y postular. La información que llega a ser pública “no tiene el mismo nivel de detalle sobre los términos del concurso o la divulgación específica sobre cómo es que se da el proceso”, afirma Alonso Hidalgo.

Los conflictos de interés entre funcionarios de la Secretaría de Economía y empresas mineras tampoco son transparentados de forma efectiva. El investigador del NRGI señala que “no existe información disponible sobre los beneficiarios reales del sector. Es decir, quiénes son a final de cuentas quienes se benefician, no solo a un nivel accionario sino a un nivel de propiedad efectiva de las atracciones extractivas y qué relación tienen con personas políticamente expuestas. Es un elemento que debería formar parte de la información requerida por el sector público, y [que sí] lo hacen otros países”.

ILUSTRACIÓN: R.LIZBETH SOLANO

Evaluaciones de impacto ambiental

En lo que respecta al subcomponente “impacto local”, el Índice también califica de forma “deficiente” al sector minero con 39 puntos sobre 100. “Aunque es un requisito legal que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presente y publique las evaluaciones de impacto ambiental (EIA), la investigación muestra que la publicación de las EIA puede ser inconsistente. Los usuarios finales (actores de la sociedad civil, poblaciones afectadas o periodistas) no tienen manera de hacer un seguimiento de los compromisos de mitigación ambiental en la vida de las operaciones”, destaca el estudio.

“Consideramos que el tema de impactos locales, y la transparencia de impactos locales para las extractivas es un elemento clave que mejorar en ambos sectores: en el minero y en el petrolero. La información que se divulga a través de la gaceta ambiental es constante, pero cuando uno recoge el código y trata de buscar ese estudio de impacto ambiental en el sistema de información se da con la sorpresa de que el nivel de desagregación y calidad de la información varía mucho entre proyectos”.

— Alonso Hidalgo

“Es un sistema en donde falta mejorar la constancia de la calidad. Y, por otro lado, todos los planes relacionados al impacto ambiental, como los planes de mitigación y cierre de operaciones, también son planes que no están divulgados de manera efectiva o que no es posible hacerle seguimiento en una lógica de proyecto por proyecto”, agrega Alonso Hidalgo.

En opinión del investigador, la Secretaría de Economía y la Semarnat podrían beneficiarse de una cooperación con la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía “porque ellos sí manejan la información de las operaciones proyecto por proyecto y uno tendría la capacidad de poder entrar a un proyecto extractivo y ver todo lo que tienen: desde los convenios privados firmados por esta empresa hasta la divulgación ambiental y los planes de mitigación ambiental que forman parte de esta operación”.

Finalmente, el autor del Índice considera que estos hallazgos son “oportunidades para que los tomadores de decisiones, no solo el gobierno federal sino los congresistas que están a punto de ser elegidos, tomen una mirada a este tipo de material, vean en qué puntos específicos se encuentra la receta para la viabilidad del sector y mejoren la calidad de gobernanza del sector”.

Para más información, consulta el Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales en México.

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